En el penal de Piedras Negras, ‘Los Zetas’ operaban. ONG aseguran que autoridades lo sabían.

Se dio a conocer la noticia de que la Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH), y un colectivo de ONG mexicanas; presentaron una denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, sobre posibles crímenes de lesa humanidad.

Crímenes detalladamente documentados en el reporte especial de Gloria Leticia Díaz, titulado “Entre el infierno y la esperanza”, en el que da cuenta del dramático número de casos de desapariciones forzadas, tortura y detenciones ilegales realizadas por las fuerzas públicas, con la complicidad del Ejecutivo del Estado.

En la denuncia se plantea una investigación sobre más de 500 casos concretos, durante esos dos periodos de Gobierno en Coahuila con testimonios e información clave, con los que se puede evidenciar que se trata de crímenes de lesa humanidad.

El documento pretende probar que se ha registrado un ataque sistemático contra la población civil de Coahuila, lo cual, según el artículo 7 del Estatuto de Roma, daría competencia para que la CPI indague a funcionarios y ex funcionarios mexicanos en específico.

En términos generales son delitos contra la humanidad aquellos cometidos contra bienes jurídicos fundamentales (vida, integridad física, libertad, etc.), que pueden cometerse en tiempo de paz o de guerra, pero necesariamente en el marco de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, donde se le exige al autor el conocimiento de dicho ataque.

Con base en lo anterior, es más que evidente que la presencia de este tipo de delitos en nuestra sociedad lo único que demuestran es que estamos llegando al grado máximo de descomposición del tejido social.

Donde la identidad de la autoridad está confundiéndose con la de la delincuencia, es decir, buenos y malos actuando en conjunto contra la sociedad, cegados por la ambición y el poder.