Un sujeto que fue detenido en su domicilio  en mayo 2015, asegura a el Centro de derechos Humanos que existen evidencias que muestran que fue torturado por personas no identificadas.

El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero denunció que, en el Centro de Readaptación Social “Juan Fernández Albarrán”, mejor conocido como penal de Barrientos, en Tlalnepantla, existen al menos cinco casos  vigentes de tortura, en los cuales las víctimas fueron sometidas a actos lascivos físicos y psicológicos para que aceptaran un hecho delictivo en el que presuntamente no tuvieron participación.

Uno de esos casos,  un sujeto es detenido en su domicilio, en mayo de 2015, por elementos no identificados y quien fue culpado del homicidio de cinco taxistas en días anteriores. Tras su detención, fue trasladado hasta la Fiscalía de Homicidios de ese mismo municipio, donde asegura el Centro de derechos Humanos que existen evidencias que muestran que fue torturado por personas no identificadas –supuestos policías ministeriales-, para que en su declaración ante el ministerio público, aceptara la comisión del delito y así ser consignado como confeso.

A dos años de su detención, la Comisión de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero han realizado las diligencias necesarias para comprobar su inocencia, tratando de acreditar la tortura como método de aceptación del delito, a través de pruebas como el Protocolo de Estambul; este es un manual de investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, conteniendo estándares y procedimientos reconocidos internacionalmente, para documentar cinco síntomas de tortura.

Este protocolo fue realizado en el interior del penal a cargo de un médico y psicólogo, y en él se confirmó que el detenido estuvo sujeto a tortura por parte de sus agresores, cuyo peritaje fue aceptado por el juez que está llevando el caso. A pesar de que el Protocolo de Estambul resultó positivo, la situación de el detenido sigue siendo la misma, pues sigue preso en Barrientos, donde comparte celda con personas que han sido ya sentenciadas, de acuerdo con su abogada.

Actualmente, la situación jurídica del detenido es delicada, ya que, de ser sentenciado, podría alcanzar una condena de 350 años. Sin embargo, será el próximo 26 de mayo, cuando se celebre la audiencia de desahogo de las pruebas testimoniales en los juzgados de Barrientos.